El pensamiento económico neoliberal, atribuye a la regulación de las relaciones laborales que tienden a proteger a los trabajadores, el efecto de elevar los costos laborales, desincentivando a las inversiones e impactando en forma negativa sobre la competitividad empresarial y la economía en general. Este fue el pensamiento que prevaleció en la Argentina durante la década del 90’, en la cual se sancionaron numerosas leyes y decretos que modificaron el marco regulatorio de las relaciones laborales, con el objetivo de reducir los costos laborales para los empleadores. Por ejemplo, el establecimiento de una nueva modalidad de contratación “por tiempo indeterminado”, significaba menor cobertura y estabilidad para el trabajador, no correspondencia de indemnización en caso de despido y desincentivo a la inversión en capacitación, factores todos que contribuyeron a una precarización laboral.
Más que para favorecer al empleo, estas políticas sirvieron solamente para elevar la ganancia empresarial, mientras se desprotegía al trabajador. De hecho, los niveles de empleo evolucionaron negativamente y se agudizaron con la crisis de 2001, llegando la tasa de desempleo a un nivel de 25 %. La informalidad laboral no disminuyó y las personas desempleadas quedaban en una situación de marginalidad total. Todo esto hizo virar la visión sobre el trabajo en la Argentina. La elevación del trabajo como factor de inclusión social es uno de los ejes del pensamiento del gobierno kirchnerista. Desde esta concepción, el trabajo no es sólo la forma de obtener ingresos para la parte de la sociedad que no posee otros bienes que su fuerza de trabajo, sino que es al mismo tiempo el medio por el cual el trabajador se desarrolla socialmente; una efectiva inclusión requiere entonces de que el trabajo se desarrolle en condiciones dignas. Es por esto que se requiere un rol activo del estado en el mercado de trabajo, para asegurar las condiciones de cantidad y calidad del empleo.
En el análisis de las actuales políticas de empleo en la Argentina, se pueden distinguir varios niveles. Un primer nivel es el de las políticas de empleo en sentido amplio, es decir el conjunto de intervenciones del Gobierno Nacional que inciden en la cantidad y calidad del empleo. Expresión de este nivel son la restitución del salario mínimo vital y móvil y las negociaciones colectivas de salarios sumadas a todas las políticas de impulso a la actividad económica. Un segundo nivel de análisis es el de las políticas de mejoramiento del mercado laboral. Estas tienen el objetivo de incrementar el capital humano y generar una oferta de trabajo acorde a las necesidades de la demanda empresarial. Las leyes de Educación Técnica, de Financiamiento y Educación, los programas de capacitación sectorial y territorial, de apoyo a la finalización escolar, de formación en base a competencias y el establecimiento del Seguro de Empleo y Capacitación son reflejo de una posición activa del Gobierno en este rol. Un tercer nivel de análisis es el de las políticas de empleo particulares entendiendo por ello, al conjunto de acciones tendientes a reducir las desigualdades a grupos particulares de trabajadores, en su posibilidad de acceder a un empleo o mejorar la calidad del mismo. Por ejemplo, la sanción de la Ley 25.239 de seguridad social para el servicio doméstico o la ley de corresponsabilidad gremial para los trabajadores rurales estacionales y los pequeños productores. Finalmente se encuentran las políticas de enfoque social que se dirigen directamente a personas en situación de vulnerabilidad como los programas “Argentina Trabaja”, “Ingreso social con trabajo” y “Manos a la obra”.
Vale la pena entonces hacer un resumen de las medidas más importantes de los dos gobiernos kirchneristas:
· Aumento del salario mínimo, vital y móvil, hasta alcanzar valores que quintuplican los de la década anterior.
· Aumento de las asignaciones familiares.
· Aumento salariales de suma fija, luego incorporados al salario.
· Prorroga de la doble indemnización hasta que la tasa de desocupación bajó a un digito.
· Derogación de la ley de Reforma Laboral del año 2000, por la ley 25.877/2004, llamada de Reordenamiento Laboral. Entre otros cambios favorables a los trabajadores, se reestablecen las negociaciones salariales por Comisiones Paritarias.
· Modificación de la ley de quiebras, volviendo a reconocer a los jueces laborales para entender en los reclamos de los trabajadores ante las empresas concursadas o quebradas (anteriormente en manos de la justicia comercial).
· Limitación de las facultades del empleador. Mediante la ley 26.088/2006 se reestablece al trabajador la posibilidad de reclamar que se mantengan las condiciones pactadas con el empleador, en caso de modificación unilateral por parte del mismo.
· Derogación del decreto 1772/1991, que permitía a buques argentinos utilizar otros pabellones y así aplicar normas laborales más flexibles, vigentes en otros países.
· Jurisprudencia favorable a los trabajadores. Tanto por parte de los jueces laborales, como de la Corte Suprema de Justicia a partir del cambio de sus integrantes.
Por último, un completo análisis de las políticas de empleo debe poder identificar los resultados de ellas. En este sentido, cabe destacar que la tasa de desocupación se redujo desde 2003 a la actualidad de 19,1 % a 7,4 % y la de subocupación (los que trabajan menos de 35 horas semanales) bajó de 17,8 % a 8,2 %, gracias a la creación de más de tres millones de puestos de trabajo. La tasa de informalidad bajó de 49,9 % a 34,1 % y los salarios reales del nivel general crecieron desde Junio de 2003 a la actualidad un 167 %, equivalente a una tasa anual de crecimiento del 20 %.
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